ARTÍCULOS

La irrupción del sindicalismo neodesarrollista: la CGT y los gobiernos kirchneristas (2002-2012)¹

Cecilia Anigstein²

² Doctora en Ciencias Sociales. Investigadora y docente en la Universidad Nacional de General Sarmiento y de la Universidad Nacional de Moreno. Contacto: ceciliaanigstein@gmail.com

¹ Las hipótesis y reflexiones volcadas en este trabajo se apoyan en la investigación realizada para mi tesis doctoral: “La configuración del sindicalismo neodesarrollista empresarial. Alianzas y disputas en el ciclo kirchnerista” (2016). Se utilizó una estrategia metodológica cualitativa que combinó diversos registros: entrevistas en profundidad a dirigentes sindicales e informantes clave, análisis de documentos y prensa de las organizaciones, y de documentos gubernamentales y parlamentarios, construcción de una matriz sobre la base de diversos medios de comunicación nacionales y registros audiovisuales e información estadística oficial, entre otros.

Recibido: 27/7/2018
Aceptado:18/3/2019

Resumen

Palabras clave: Sindicatos; Peronismo; Politización; Conflictos; Concertación.

Abstract

Between 2004 and 2012, the CGT Argentina was united and established an organic articulation with the Kirchner governments. This stage was characterized by the recovery of the economic-corporative bargaining power of the trade union movement and its recomposition as a political actor.
This article analyzes this complex relationship and reflects on the role played by the most dynamic sector of argentine trade unionism during all the stage. Three moments are analyzed:
1) The conditions that made cooperation between peronist government and CGT possible after 2003; 2) The conflict between government and farmers in 2008, which caused social antagonism, weakened the government, strengthened the unions and provoked disputes about the vision of the popular national; 3) It opened a confrontation between CGT and the government around the economic distribution and political power since 2012.

Keywords: Unions; Peronism; Politicization; Conflicts; Social agreement.

Introducción

Durante los gobiernos kirchneristas (2003-2015), Argentina experimentó una reconfiguración de su modelo de desarrollo. Uno de los aspectos más significativos fue la recomposición del trabajo como integrador social, dinamizador de la actividad económica y el consumo. Entre 2004 y 2012, la Confederación General del Trabajo (CGT)³ permaneció unificada y estableció una articulación orgánica con los gobiernos kirchneristas. El movimiento sindical recuperó el poder de negociación económico-corporativo y se reposicionó en la arena política nacional.
Con la salida de la fase convertible de la moneda argentina y el cese de pagos de la deuda externa (default) a inicios de 2002, la economía interna adquirió una autonomía relativa respecto del poder financiero internacional y se modificaron los términos de intercambio en el comercio exterior, gestándose un proceso de reactivación acelerado. Al mismo tiempo, se incrementó fuertemente la demanda de productos primarios desde China y otras economías. Sin embargo, diversos análisis coinciden en afirmar que el crecimiento se apoyó en una exacerbada transnacionalización, concentración y centralización del capital, con la precarización laboral como elemento estructural del trabajo (Marticorena, 2014; Feliz, 2012; López 2012; Wainer, 2012;Cantamutto, 2012; Azpiazu y Schorr, 2010; Basualdo, 2011;Varesi, 2012). La fracción productiva del capital logró liderar el proceso post-crisis 2001-2002, con una posición dominante de las actividades productoras de commodities, agroindustriales y extractivas.
Las fracciones más débiles de la burguesía local también se vieron beneficiadas por el tipo de cambio alto de la moneda local respecto al dólar estadounidense. El encarecimiento de las importaciones, la licuación de los salarios reales provocada por la devaluación y la existencia de capacidad ociosa en la industria facilitaron la creación de empleos y una recuperación fabril sin necesidad de grandes inversiones. Mientras que entre 2001 y 2007 el PBI global se expandió el 36,1%, el PBI de las actividades manufactureras se incrementó en un 45,6% (Azpiazu y Schorr, 2010).
Los cambios en las intervenciones estatales son un factor clave para comprender el período. Entre 1976 y 2002, la metamorfosisdel Estado produjo una drástica alteración de las relaciones con el mercado vía desregulación interna, apertura al mercado mundial, privatización y concesiones de empresas públicas.⁴ A partir de 2002, en cambio, se observa una recuperación de las políticas cambiarias y monetarias, y diversas posibilidades de captación de excedentes mediante impuestos sobre un amplio superávit comercial (Bonnet y Piva, 2012). El descenso del desempleo y de la pobreza, la relativa recuperación del poder adquisitivo de los salarios vía restitución del salario mínimo y la convocatoria anual de negociaciones colectivas,⁵ se combinaron con un conjunto de políticas que ampliaron los sistemas de protección social y contribuyeron al mejoramiento de las condiciones de vida de la clase trabajadora.
Por un lado, la extensión de la cobertura de las jubilaciones, el restablecimiento del sistema previsional solidario administrado por el Estado y políticas no contributivas de transferencias de ingresos para los sectores más desprotegidos, como la Asignación Universal por Hijo, entre otras, operaron como mecanismos de redistribución económica.
Por otro lado, la implementación de un extenso entramado de subsidios, mayormente destinado a energía y transporte, permitió el control de tarifas de los servicios públicos y el acceso masivo al consumo garantizando un mínimo de ganancias para las empresas (Bona, 2012).
Sin embargo, la persistencia del trabajo informal y precario traducía un panorama complejo, con fuertes disparidades en las formas de integración sociolaboral y las condiciones de vida de amplios sectores de la población.⁶
Esto permitió que sedesactivaran parcialmente los mecanismos de coacción económica que desalentaban la organización gremial durante la etapa previa (fundamentalmente los altos índices de desempleo) y emergieran expresiones colectivas, aunque dispersas e inestables, que pusieron en cuestión las condiciones de explotación del trabajo en el nuevo ciclo económico. Esto se vio reflejado en la dinámica del conflicto laboral, que adquirió mayor dinamismo en relación con la tendencia descendente que había mostrado entre 1989 y 2001.⁷
Pero también significó cambios en la composición de los actores colectivos que dinamizaron las luchas sociales. A partir de 2005 el protagonismo de los movimientos piqueteros (que nucleaban a trabajadores desempleados) en el conflicto social fue desplazado por el surgimiento de experiencias de organización y protesta en los lugares de trabajo, muchas de las cuales se desarrollaron al margen de las organizaciones sindicales o en oposición a sus conducciones(Varela, 2013; Abal Medina y Diana Menéndez, 2011).
Paralelamente, las organizaciones sindicales tradicionales resultaron ampliamente beneficiadas. Etchemendyy Collier(2007) afirman que los sindicatos más importantes se mostraron fortalecidos debido a la estrategia de conservación asociacional ejercitada en el transcurso de la década anterior. En la articulación de un nuevo patrón de negociaciones tripartitas, los sindicatosmantuvieron un margen de autonomía relativa. Es decir, no se trató de procesos monitoreados completamente desde arriba por una coalición política con fuerte base sindical.Pero su alcance fue limitado: involucraron únicamente a los trabajadores formales, quedando al margen el voluminoso universo de trabajadores informales.
Promediando la primera década de este siglo, el agotamiento del ciclo de crecimiento marcó los límites del modelo de desarrollo emergente y produjo una serie de disputas entre distintos actores sociales que pusieron en crisis la coalición sociopolítica⁸ que encarnó el kirchnerismo. Con ello, la pretensión hegemónica expresada en la posibilidad de gestar un modelo de producción industrial competitivo con inclusión social y ampliación de derechos para el conjunto de la ciudadanía se enfrentó con la irrupción de demandas corporativas que expresaban intereses contradictorios. El movimiento sindical, particularmente la CGT, ha sido sin duda uno de los protagonistas de estas disputas.
Hacia 2012, en un contexto de intensificación de la puja distributiva y restricción externa vinculada con la caída de los precios de los principales productos exportables, la división de la CGT coincidió con un escenario de creciente confrontación entre el gobierno de Cristina Fernández y el dirigente de la CGT Hugo Moyano, del gremio del transporte de cargas automotor.
Este artículo analiza los vaivenes de esta compleja relación durante los dos primeros gobiernos kirchneristas (2003-2011) e intenta aportar algunas reflexiones acerca del papel desempeñado por el sector más dinámico del sindicalismo argentino a lo largo de todo el período.
A los fines propuestos, introducimos la noción de figura sindical y de matriz político-ideológica nacional-popular. Esta perspectiva permite captar las peculiaridades de una organización sindical de tercer grado, de representación nacional y naturaleza sociopolítica, en el sentido de que no representa a colectivos laborales de una rama de actividad o empresa (por lo tanto no es parte de negociaciones colectivas sectoriales)sino que searroga la representación del conjunto de la clase trabajadora, aunque de modo indirecto, remoto y ciertamente abstracto, debido a que agrupa a organizaciones de segundo y primer grado en una estructura de carácter colegiado.
Con la idea de figura sindical se intenta dar cuenta de un proceso y un actor social que emerge y se configura a partir de la articulación de distintas dimensiones, desde una perspectiva relacional e históricamente situada. Desde este enfoque, los atributos y la dinámica que caracterizan al movimiento sindical en un período determinado son comprensibles en la medida en que se considere el régimen de acumulación y modelo de desarrollo vigente, la matriz político-ideológica en la cual se inscribe su experiencia y los tipos de acción desplegados por el actor sindical. Una figura sindical puede encarnar en una organización o grupo de organizaciones, un liderazgo o una corriente ideológica (Anigstein, 2016).
Una matriz político-ideológica se compone por

… aquellas líneas directrices que organizan el modo de pensar la política y el poder, así como la concepción de cambio social. Si bien cada matriz político-ideológica posee una configuración determinada, los diferentes contextos nacionales como las tensiones internas las van dotando, para cada caso, de un dinamismo y una historicidad particular (Svampa, 2010: 8).

Entonces, entendido como matriz político-ideológica, lo nacional-populares, al mismo tiempo, un movimiento de nacionalización y ciudadanización de las masas y una forma particular de compromiso estatal (De Ipola y Portantiero, 1994). En un texto ya clásico, De Ipola y Portantiero (1994) identifican dos principios centrales de agregación: uno dominado o nacional-popular, conformado por las demandas y tradiciones nacional-populares; y otro dominante o nacional-estatal, que opera como lógica estatal reconciliando intereses diversos, a partir de la captura, englobe y fragmentación de estas demandas.
Alain Touraine (1999) señala que en las políticas nacional-populares se abre un espacio de fusión entre Estado y actores sociales, que implica el predominio de las categorías políticas por sobre las sociales, de los movimientos nacionales por sobre las acciones políticas de clase. No serán pues, como en la experiencia europea, las categorías socioeconómicas las que se transformen en sujetos políticos (proletariado), sino las categorías nacionales (pueblo), que serán movilizadas y, eventualmente, asumirán connotaciones clasistas. La amenaza permanente de una ruptura interna, entre la incorporación corporativa al Estado y la formación de partidos y sindicatos de manera independiente revela la importancia dada a las manifestaciones de masas y a la relación directa con el líder (Touraine, 1999). De ahí la fragilidad e inestabilidad congénita que caracteriza a estas experiencias.
En perspectiva histórica, lo nacional-popular irrumpe en una etapa de industrialización que buscó la consolidación de los mercados internos mediante la incorporación política de los sectores populares, lo que implicó fundamentalmente su movilización organizada (Martuccelli y Svampa, 1997). El dato fundamental es que en las fases nacional-populares, las clases populares en su conjunto y en especial la clase obrera han logrado una presencia en el Estado significativa. Entonces, la crisis de la fase estatal nacional-popular será también la crisis de las formas organizativas con las que fuera procesada la inserción popular en el Estado (Portantiero, 1987).
Uno de los rasgos constitutivos de la matriz político-ideológica que surgió con el peronismo en Argentinase refiere a la vinculación orgánica entre sindicatos y sistema político (Torre, 2012; Martuccelli y Svampa, 1997; Bunel, 1992) cuya peculiaridad reside en la afirmación de la clase trabajadora como fuerza social nacional a través de la consolidación de valores asociados al trabajo, la justicia social y la dignidad, centrales en el imaginario peronista.
El abordaje de las relaciones entre sindicalismo y política, sindicalismo y peronismo en la historia reciente muestra otra cara del fenómeno: su carácter paradojal, puesto de manifiesto en la reiterativa gestación de campos de tensión que se producen al interior del movimiento político. Esto se vincula con la metáfora introducida por Daniel James (2006): “cabalgar un tigre”, que hace referencia a las resistencias y dificultades que enfrentan los gobernantes y/o líderes peronistas para articular de forma organizada y disciplinada a los trabajadores y sus organizaciones colectivas en una comunidad política de impronta policlasista.
En suma, este escrito sostiene que la CGT bajo conducción del dirigente camionero Hugo Moyano entre 2004 y 2012 encarna la figura sindical hegemónica durante la etapa que se inicia luego de la debacle de 2001-2002. En este sentido, sus particularidades pueden ser indagadas y comprendidas atendiendo al tipo de relación que trabó con el sistema político y a la orientación neodesarrollista en clave nacional-popular que caracterizó a los gobiernos kirchneristas.

La conformación de la alianza entre CGT y gobiernos kirchneristas

La profunda transformación de la estructura productiva argentina a partir del golpe militar de 1976 significó el disciplinamiento de la clase trabajadora y la desarticulación política de los sujetos subalternos. La instauración del neoliberalismo se dio bajo un régimen autoritario que puso en marcha un plan sistemático de represión, tortura y desaparición de personas, dirigido con saña especialmente sobre los activistas y representantes directos de los trabajadores en los lugares de trabajo.
La transición a la democraciaen 1983 estuvo marcada por multitudinarias movilizaciones y por la derrota electoral del Partido Justicialista (PJ). Entonces, se articuló un fuerte cuestionamiento al rol de los sindicatos y la dirigencia sindical fue desplazada de las posiciones de poder que históricamente había detentado al interior de ese partido. Esto contribuyó a la pérdida del peso político de las organizaciones sindicales y a la emergencia deuna nueva lógica que priorizó la construcción de alianzas territoriales(Levitsky, 2004; Gutiérrez, 1998). La contracara de la territorialización fue la producción de un denso tejido organizativo que se confrontó con las estructuras partidarias y adquirió relevancia años más tarde, con la emergencia del conflicto social a fines del siglo pasado (Auyero, 2001; Pereira, 2008).
Durante los gobiernos de Carlos Menem entre 1989 y 1999, de signo peronista y orientación neoliberal, se observan dos tendencias en la relación entre movimiento obrero y gobierno. Las organizaciones sindicales más poderosas que controlaban la CGT apostaron a la estrategia adaptativa empresarial,⁹ consintieron las reformas laborales flexibilizadoras, las políticas de desregulación y la transformación del Estado.Paralelamente, se desarrollaron vertientes sindicales críticas a las políticas neoliberales que fueron parte del ciclo de movilización social de fines de siglo.
Las protestas sindicales fueronde carácter defensivo,utilizaron formatos testimoniales (como las movilizaciones) en lugar de las acciones características corporativas (como las huelgas), y articularondemandas que cuestionaron el orden socioeconómicoy el sistema político (Armelino, 2005). Fueron encabezadas por vertientes resistentes del sindicalismo como la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y el Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA). Se agruparon en frentes intersindicales o multisectoriales bajo el principio de “unidad en la acción” con trabajadores estatales, productores rurales, pequeños empresarios, jubilados, desocupados y estudiantes; e integraron un amplio movimiento de oposición a las reformas promercado.
El MTA, corriente interna de la CGT conformada en 1994, fue la plataforma de ascenso del liderazgo de Hugo Moyano. No fue el núcleo más activo ni más significativo del período, pero tal vez uno de los más gravitantes si tomamos en cuenta el impacto de sus medidas de fuerza, su capacidad de movilización y de interlocución con los poderes públicos y factores de poder, con los cuales nunca interrumpió comunicación a pesar de desplegar una intensa retórica antisistema. Como consecuencia de algunas discrepancias, entre ellas la posición acerca de una reforma laboral envuelta en denuncias de corrupción, en 2000 el MTA abandonó la CGT y conformó una central paralela, la “CGT Disidente”, que consolidó a Hugo Moyano como uno de los principales opositores al gobierno de Fernando De la Rúa (1999-2001) de la Alianza, quien renunció a su mandato el 20 de diciembre de 2001 en medio de una convulsión social sin precedentes (ocurrencia de protestas masivas, saqueos a comercios, cacerolazos, vehementemente reprimidos por las fuerzas de seguridad).
La generalización y radicalización de la movilización y la represión a lo largo y ancho del territorio nacional a fines de 2001 sorprendieron a una CGT dividida y debilitada. Pero la salida de la crisis de hegemonía generó nuevas vacantes para los sectores populares organizados, y una oportunidad para los sindicalistas. Es que la crisis política planteó un profundo cuestionamiento dela legitimidad de las autoridades gubernamentales y los elencos dirigentes.
Esto se puso de manifiesto en el gobierno provisional de Eduardo Duhalde del PJ (enero 2002 a mayo de 2003). Si bien durante esta administración se estableció el esquema macroeconómico que sentó las bases para la recuperación posterior, no se logró superar la crisis política. De hecho, la alianza de Duhalde con el sector más dialoguista del sindicalismo nucleado en la “CGT oficial” (que incluyó nombramientos en su gabinete), no dio los frutos esperados y reveló rápidamente la incapacidad de este sector del movimiento obrero para contener el conflicto social.
Finalmente, la política de criminalización de las luchas sociales y la represión sobre los movimientos de desocupados que concluyó con el asesinato de dos jóvenes piqueteros, Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, el 26 de junio de 2002, precipitaron la salida del presidente provisional.
Luego de la asunción de Néstor Kirchner como presidenteen 2003 tuvo lugar un nuevo reparto de naipes. El bloque de poder emergente involucró a los grandes capitalistas de la fracción productiva exportadora, pequeños empresas locales, una parte de los movimientos sociales que habían protagonizado el ciclo de luchas en años recientes y el sector mayoritario de las organizaciones sindicales. Los sindicalistas (en particular los dela CGT Disidente y de la CTA), aportaron un conjunto de elementos que resultan centrales para la producción de legitimidad: una perspectiva antineoliberal, una visión del trabajo como integrador social y del salario como dinamizador del mercado interno, una alianza interclasista necesaria para concretar la vocación hegemónica de la gran burguesía productiva exportadora, una vinculación orgánica con el peronismo y la posibilidad de reencauzar de forma organizada la movilización social. Pronto Hugo Moyano logró la conducción de una central obrera unificada que se articuló orgánicamente con el nuevo gobierno justicialista.En los siguientes ocho años, la CGT no convocó ni realizó ningún paro nacional o medida de fuerza contra el gobierno nacional.
En 2004, la derogación de la ley laboral de 2000 (conocida como la ley de los sobornos) terminó por sellar la alianza y el voto de confianza entre Kirchner y el movimiento obrero organizado. Ese mismo año se convocó al Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario, que recreó los términos del tripartismo suspendidos de forma recurrente durante más de cuatro décadas.
¿Cómo se materializó la alianza entre sindicatos y gobierno?
A diferencia de lo registrado en el período anterior, a lo largo de la primera década de 2000 las políticas gubernamentales se orientaron hacia una mayor regulación de la fuerza de trabajo. Se reanudó el diálogo social y se impulsó la negociación colectiva.¹⁰ Se expandió la afiliación sindical y se crearon nuevas organizaciones. Variadas reformas laborales rectificaron parcialmente el impulso precarizador y flexibilizador de la década de los noventa.
La restitución del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) como instrumento redistributivo (había permanecido estancado por 10 años) repercutió en los niveles de ingresos de amplios sectores laborales. Entre 2003 y 2006, los salarios experimentaron una fuerte recuperación.¹¹ Pero con la reaparición de la inflación, a partir de 2007 la discusión paritaria estuvo condicionada por la necesidad de recuperar la pérdida del poder adquisitivo.
La relación entre gobierno y sindicatos se caracterizó por una sólida alianza basada en la cooperación mutua. El gobierno abrió las mesas de diálogo y privilegió al actor sindical como interlocutor en diversas instancias –bendiciendo ciertos liderazgos y relegando otros en un permanente juego pendular–. Asimismo, concedió a los sindicalistas algunos lugares en las listas de legisladores y puestos en la gestión gubernamental. Las cúpulas sindicales se adecuaron al cuadro general que se delineaba desde el Poder Ejecutivo y morigeraron la conflictividad laboral que entonces comenzó a emerger con fuerza en los lugares de trabajo.
Es cierto que la unidad alcanzada en la CGT fue una vajilla frágil. Las tensiones internas afloraron una y otra vez en los años siguientes, lo que obligó a Hugo Moyano a reforzar su alianza con el Poder Ejecutivo y periódicamente hacer demostración de fuerza sindical y poder de movilización para disuadir a sus competidores.
Frente a la disputa interna de los sindicalistas, el gobierno –que requería del apoyo sindical en un contexto signado por una creciente puja distributiva vinculada al proceso inflacionario en curso– administraba un doble juego tendiente a mantener el apoyo de las distintas fracciones sindicales en pugna. Esta estrategia implicaba por parte del Poder Ejecutivo permanentes gestos de reconocimiento al poder sindical: convocatoria en instancias de “Diálogo Social”, reformas a las normas laborales, otorgamiento de prerrogativas institucionales u organizativas. Comprendía al mismo tiempo la presencia presidencial en actos sindicales y referencias explícitas al compromiso y lealtad con los liderazgos obreros. En fin, el reconocimiento permanente del peso político y simbólico del sindicalismo en el peronismo en general, y en el proyecto político kirchnerista en particular.

La CGT como factor de poder: lockout rural y crisis financiera internacional

El conflicto entre el Poder Ejecutivo y los productores agropecuarios (el lockout rural de 2008) provocó una intensa polarización social que debilitó los apoyos al gobierno y otorgó gran significación al respaldo que la CGT daba al oficialismo. El saldo fue una ofensiva de las organizaciones sindicales al interior de la coalición gobernante que abrió un campo de tensión con la narrativa gubernamental.
En marzo de 2008 el gobierno nacional intentó modificar el sistema de retenciones a las exportaciones de la soja, el trigo, el maíz y el girasol. Se buscaba aumentar la recaudación en una coyuntura de incremento de los precios internacionales y contener la elevación de precios de los alimentos en el mercado interno. La medida detonó un largo conflicto que se extendió por cuatro meses y afectó las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba y Chaco.
Los productores y propietarios rurales nucleados en la “Mesa de Enlace” se aliaron con un amplio arco de sectores en torno a las demandas “del campo”. Las medidas de lockout se combinaron con cortes de rutas, quemas de pastizales de gran extensión, actos públicos y cacerolazos masivos en las ciudades. Del otro lado, quienes apoyaban la iniciativa gubernamental realizaron diversos actos, concentraciones y acciones directas para desactivar las medidas de fuerza.
El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner apeló al compromiso popular, en particular de trabajadores y empresarios industriales. Sin embargo, no obtuvo el apoyo esperado ni por parte de los empresarios, ni respecto del conjunto de la población, que por momentos pareció identificarse más con los ruralistas, cuyas acciones alcanzaron una repercusión mediática mayúscula (Wyczykier y Anigstein, 2015). En cambio, los trabajadores representados por la CGT conducida por Hugo Moyano acompañaron activamente la iniciativa gubernamental.¹² En particular y debido además a la naturaleza de su actividad, los camioneros conducidos por Hugo Moyano fueron protagonistas en las rutas afectadas por las medidas de fuerza y se enfrentaron cuerpo a cuerpo con los productores agrícolas.
Desde la conducción de la CGT se convocaron y acompañaron las movilizaciones en favor de la medida. La modalidad y los efectos de las intervenciones de la CGT contribuyeron a la acumulación de fuerza propia y a un aumento de su capacidad de incidencia en la arena política nacional. Su accionar incluyó una concurrencia masiva a los actos convocados desde el gobierno. Esto se vio potenciado por la articulación de una narrativa antioligárquica y nacional popular.En retribución, el gobierno dio un fuerte respaldo a Hugo Moyano para lograr su reelección al frente de la CGT como Secretario General ese mismo año, pese a los repetidos intentos para desplazarlo de su puesto por parte distintos sectores sindicales. Este gesto fue leído por la conducción de la CGT como la expresión de una “Alianza estratégica por la felicidad del pueblo y la grandeza de la Patria” (Comunicado de la CGT, mayo de 2008).
A lo largo de los más de 100 días que duró la protesta rural, el Poder Ejecutivo maniobró diferentes alternativas para desactivarla. Con la agudización de la confrontación fueron menguando los apoyos a la iniciativa del oficialismo y el respaldo sindical fue adquiriendo una dimensión inversamente proporcional al debilitamiento y la erosión de la legitimidad gubernamental.
Es que los productores rurales mostraban capacidad para concitar el apoyo de amplios sectores urbanos y rurales, sostener las medidas de fuerza por un tiempo mayor al inicialmente supuesto y dañar severamente la economía.
Frente a la intensificación del conflicto, el aumento de las retenciones a los cerealesfue debatido en el Poder Legislativo. El tratamiento parlamentario polarizó a los representantes de las Cámaras. En rigor, la polarización plasmada en una batalla de ideas y sentidos entre los partidarios “del campo”¹³ y los defensores del “Proyecto Nacional”,¹⁴ desbordó ampliamente los alineamientos parlamentarios e inclusive a los productores rurales movilizados, y las repercusiones mediáticas impregnaron la vida cotidiana del conjunto de la población. Finalmente, el 18 de julio la medida impulsada por el gobierno fue derogada y se desactivaron las movilizaciones. La economía local se resintió por las protestas rurales y en los meses siguientes estos efectos se vieron potenciados por la ocurrencia de la crisis financiera internacional.
Frente a la imposibilidad de aumentar la recaudación vía retención a los commoditiesagropecuarios, el gobierno tuvo que apelar a estrategias alternativas de financiamiento. En el nuevo escenario se ignoró la agenda de los empresarios¹⁵ y se desplegaron una serie de iniciativas que buscaban recomponer la legitimidad con los sectores populares.
Inmediatamente después de la derrota legislativa del oficialismo, el 21 de julio se reestatizó la empresa aérea Aerolíneas Argentinas. En octubre de 2008 se re-estatizaron las jubilaciones(la Ley 26.425 eliminó el régimen previsional de capitalización individual, disponiéndose la unificación en un único régimen administrado por el Estado).A través de esta política, el sector público absorbió los aportes personales mensuales que antes se dirigían al sistema privado: una transferencia del 1,5% del PIB aproximadamente, cerca de $13.000 millones haciael Estado. A su vez, se transfirieron al sector público los activos que eran administrados por el sistema de pensiones, del orden del 10% del PIB, y $90.000 millones aproximadamente (CIFRA, 2009). Con esto se amplió el margen de maniobra financiera del Tesoro Nacional y la capacidad de gasto público, que fue fundamental para morigerar los efectos de la crisis internacional en el país (CEPAL, 2009;Abeles, 2009). Además de generar una fuente importante de recaudación para el Estado, esta medida respondía a una de las demandas más sentidas del movimiento sindical. De modo que estrechó aun más los lazos de los sindicatos con el gobierno. En simultáneo, los sindicalistas avanzaron sobre el control de áreas de la administración pública, lograron mayor influencia en la asignación de los subsidios al transporte automotor de cargas y acceso como accionista en la concesión de servicios públicos privatizados (como el ramal del Ferrocarril Belgrano Cargas), lo que redundó en el reforzamiento del movimiento sindical como factor de poder, que encarnó en la figura de Hugo Moyano.
El escenario de crisis financiera internacional y las elecciones legislativas de 2009 fortalecieron aun más la posición de la CGT frente al gobierno kirchnerista. En octubre de 2008 el Comité Central Confederal de la CGT difundió un comunicado en el cual los sindicalistas se comprometían a contener la conflictividad en concertación con empresarios y gobierno, adhiriendo a las inquietudes empresarias (competitividad productiva) a cambio de garantías sobre el sostenimiento del empleo y los ingresos de los sectores de trabajadores bajo su representación.
Ahora bien, al observar el paquete de medidas¹⁶ lanzadas por el gobierno para paliar los efectos de la crisis internacional, se puede constatar que los sindicalistas fueron atendidos parcialmente. En cambio, el gobierno implementó una batería de medidas para proteger la economía doméstica cuyos mayores esfuerzos se orientaron a resguardar la capacidad de consumo de los sectores más postergados de la clase trabajadora, quedando en un segundo plano el pliego reivindicativo vinculado al trabajo registrado, base de representación de sindicatos.
En las elecciones legislativas de 2009 se puso de manifiesto el retroceso político del oficialismo. Fue derrotado en grandes centros urbanos y allí donde las protestas rurales se habían desarrollado con mayor virulencia: Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Pero lo que más perjudicó al Ejecutivo fue la disidencia abierta en el seno del peronismo, que concurrió con candidatos propios y se impuso con un margen estrecho de votos en la provincia de Buenos Aires (Sidicaro, 2011). En definitiva, los resultados electorales dejaron al descubierto que el liderazgo del Néstor Kirchner al interior del PJ estaba siendo ampliamente cuestionado.
Paralelamente, en esta etapa tuvo lugar una modificación de la relación que los gobernantes trabaron con la sociedad (particularmente en sus composiciones populares). La CGT no fue ajena a este fenómeno. Por el contrario, el abordaje de su accionar pone de manifiesto la relevancia que adquirió el sindicalismo peronista como reservorio de imágenes e idearios (contradictorios y en tensión) que alimentaron, en esta singular encrucijada, la activación de lo nacional popular.
Puede afirmarse que la CGT conducida por Hugo Moyano salió fortalecida al interior de la coalición gobernante a partir del conflicto entre el Poder Ejecutivo y las entidades agropecuarias. No obstante, el avance sindical no respondió únicamente al despliegue de su actuación en el marco del conflicto. La pérdida de apoyos políticos puesta de manifiesto en la derrota electoral de 2009, inclinó la correlación de fuerzas al interior del conglomerado oficialista en favor de los sindicalistas, quienes ofrecieron respaldo en los momentos de mayor debilidad. Asimismo, la intensificación de la puja distributiva y la ocurrencia de la crisis financiera internacional, que marcó un momento de gran incertidumbre y la implementación de un conjunto de medidas para hacer frente a los impactos locales, fueron motivo de nuevas controversias y consensos que requirieron una vez más de apoyo de los sindicalistas a las políticas gubernamentales.

El escenario de la confrontación: fracaso del “salto a la política” y disputas distributivas

Desde cierre del conflicto “del campo” a mediados de 2008 y hasta las elecciones presidenciales de 2011, Argentina transitó una etapa marcada por la escenificación de intensas disputas políticas. Distintos acontecimientos distinguen esta coyuntura: el fuerte debate por la democratización de la comunicación que precedió la sanción de la Ley de Medios de Comunicación Audiovisual (2009), la multitudinaria convocatoria de los festejos oficiales por el Bicentenario (2010), el repentino fallecimiento de Néstor Kirchner (2010) y, como consecuencia de ello, la emergencia y visualización de una “juventud kirchnerista” que fue invocada como el nuevo sujeto político, destinatario privilegiado del “proyecto nacional”, y finalmente, la victoria de Cristina Fernández de Kirchner en primera vuelta en los comicios nacionales de 2011, cuyos resultados significaron su reelección con un inédito 54% de los sufragios.
Bajo estas condiciones se advierte un cambio muy significativo en el tipo de acciones, el contenido de los discursos y los imaginarios movilizados, que alteraron la relación que la CGT había mantenido con el gobierno y con el PJ, y que marcaron, en lo sucesivo, la confrontación de la central sindical con el gobierno. Esta mutación se observa dos planos. El primero es distributivo: negociación salarial en un contexto inflacionario, demanda de participación de los trabajadores en las ganancias empresarias (a través de un proyecto de ley que tuvo amplias repercusiones mediáticas en 2010 y 2011)¹⁷ y los reclamos relativos al impuesto a los altos ingresos de los asalariados, que encabezó la lista de reclamos de los cinco paros generales realizados por la CGT conducida por Moyano luego de 2012. Y el segundo plano es político: disputando espacios en la conducción en el PJ, en las listas de candidatos para las elecciones generales de 2011 y haciendo demostraciones de fuerza en multitudinarias concentraciones donde se congregaban con el oficialismo.
En esta coyuntura se renovaron las expectativas de mayor incidencia de los trabajadores organizados en el seno del peronismo. La disputa por los espacios de poder al interior del PJ y en el gobierno se tradujo en una disputa ideológica y de sentidos. El impulso fundacionalista¹⁸ del kirchnerismo había sido golpeado y debilitado por la confrontación con la burguesía rural en 2008 provocando una serie de tensiones entre “trabajadoresorganizados”, “juventud kirchnerista” y políticos del PJ (fundamentalmente gobernadores, intendentes y funcionarios de gabinete).
La intensificación de la clave nacional popular operó a su vez como catalizador al interior del movimiento sindical y lo condujo a reorientar su estrategia de construcción de poder que detonó la desarticulación del su vínculo orgánico con el kirchnerismo, y más tarde el repliegue hacia la acción económico-corporativa dirigida prioritariamente contra el gobierno.
Del lado de los sindicalistas, por tanto, lo que se estaba poniendo en juego era el lugar de las organizaciones de trabajadores en una tradición peronista que estaba experimentando en esa coyuntura un intenso proceso de reactualización. En la cúpula de la CGT se dio un cambio de estrategia marcado por una deliberada intromisión en la vida partidaria y la disputa electoral, con miras a “recuperar” el lugar de los sindicalistas en el entramado político peronista. Esto trajo aparejado cambios en la dinámica de actuación que marcaron el pasaje desde la acción directa que busca provocar daños económicos (como el bloqueo a grandes empresas), hacia la demostración de fuerzas vía concentración y movilización disciplinada de trabajadores con propósitos proselitistas.
La “refundación” de la Juventud Sindical (JS) y la creación de la Corriente Nacional del Sindicalismo Peronista (CNSP) constituyen dos emergentes de este proceso. La CNSP y la JS emanaban permanentes gestos de apoyo al gobierno nacional y eran correspondidos copiosamente mediante reiteradas presencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández en las conmemoraciones y eventos más diversos. A la vez funcionaba dando gran visibilidad al propio Hugo Moyano, y a su círculo más cercano.
Junto con la reivindicación de la tradición cegetista vinculada a la resistencia de las políticas neoliberales (el MTA), la condena a los crímenes de la última dictadura militar (homenajes a las madres y abuelas de plaza de mayo) y el apoyo activo a la Ley de medios, la CNSP y la JS pusieron en un primer plano el papel de la juventud trabajadora como protagonista esencial del peronismo.
Su narrativa estaba imbuida de diversas referencias históricas. Conformaron un encastre ideológico sincrético que enviaba mensajes en múltiples direcciones, tendientes a interpelar a las expresiones más tradicionales del sindicalismo, mostrar su integración en el proyecto político kirchnerista y, simultáneamente, disputar la encarnación del legado nacional popular peronista. Para ello, movilizaron un imaginario que colocaba a los trabajadores y sus organizaciones como destinatarios históricos de la “Comunidad organizada”. La estrategia política de este sector del movimiento sindical que se sintetizó en la consigna “el salto a la política”. Su significado se asociaba a un cambio de estatus del movimiento obrero al interior del peronismo: “de columna vertebral a cabeza del Proyecto Nacional”. Concretamente, Hugo Moyano y su “mesa chica” se lanzaron en una contienda cuyo fin fue obtener cargos de conducción del Partido Justicialista, conseguir lugares en las listas de candidatos a legisladores y aumentar su presencia en el gobierno.
El punto más alto lo hallamos en el acto del día de la lealtad peronista de 2010. Alrededor de 150.000 trabajadores (según cálculo de los organizadores) se reunieron en el Estadio RiverPlate para conmemorar el 17 de octubre. Los oradores de este acto fueron el Secretario General de la CGT y la presidenta de la Nación. Frente a la multitud, bajo el lema “la hora de los trabajadores”, Moyano condicionó la lealtad al gobierno a la obtención de reivindicaciones de la CGT y lo desafió como potencial adversario político: “¿Por qué razón van a renunciar las organizaciones sindicales a tener representantes en los tres poderes del Estado? ¿No son realmente los trabajadores los que gobiernan, dirigen y conducen la Nación?” (Hugo Moyano, 15/10/2010, Estadio RiverPlate).
En este acto puede rastrearse el primer punto de quiebre de carácter público entre el Poder Ejecutivo y la CGT. El fallecimiento repentino de Néstor Kirchner días después aceleró este proceso, sumado a la insatisfacción de los sindicalistas relativa a su escasa participación en las candidaturas de las elecciones generales de 2011.

Conclusiones

Según Natalucci(2013), a diferencia de lo sucedido entre los años 70 y los años 90 en los cuales el movimiento obrero se enfrentó al doble desafío de ver amenazado su rol como articulador de demandas obreras y su centralidad en la dinámica política, el kirchnerismo, en cambio, representó una oportunidad para responder a esta situación, ya que la debilidad de origen de este proyecto político propició condiciones para que ciertos sectores sindicales tengan reservado un lugar. El dilema del movimiento obrero en el kirchnerismo fue cómo recuperar derechos al mismo tiempo que reconstruir representación sobre una clase trabajadora fragmentada.
Lo cierto es que el legado nacional popular activado durante el ciclo kirchnerista no fue unívoco. Sus sentidos, contenidos e imaginarios formaron parte de una disputa al interior del peronismo, fundamentalmente con el sector sindical. Es un hecho que la clave nacional popular promovida por el actor sindical no logró sobreponerse al liderazgo político kirchnerista, de ahí el fracaso de su estrategia de participación en la vida partidaria y en la contienda electoral.
En 2012 la CGT sufrió una nueva ruptura y el sector liderado por Moyano se alejó definitivamente del kirchnerismo. Los hilos que sostenía el camionero en diversos ámbitos de la administración estatal fueron cortados uno a uno y, por primera vez desde 2003, la CGT disidente convocó a un paro nacional para enfrentar al gobierno. La conformación de una nueva CGT oficialista, bajo la conducción del metalúrgico Caló, que aglutinó a gran parte el arco sindical marcó el declive de Hugo Moyano como figura política. En un nuevo giro político-ideológico conservador, Moyano se acercó al peronismo disidente primero, y al PRO¹⁹ más tarde, referenciándose como uno de los principales opositores al gobierno de Cristina Fernández.
En esta coyuntura se observa un desplazamiento de la agenda de reivindicaciones en el sector del movimiento sindical bajo la órbita del liderazgo camionero. Cobraron a partir de entonces mayor relevancia los reclamos sindicales vinculados con mínimos imponibles del Impuesto a las Ganancias que afecta los ingresos de los trabajadores formales mejor remunerados.²⁰ De este modo, los reclamos del sindicalismo vinculados con la distribución de los excedentes se dirigieron de forma prioritaria contra el gobierno, quedando en un segundo plano el enfrentamiento con los sectores empresarios. En un giro discursivo notable, Moyano se manifestó contra las políticas de inclusión social y las definió como “planes descansar”,²¹ ensanchando desde el plano simbólico la brecha sociolaboral entre trabajadores registrados sindicalizados y trabajadores sin derechos ni seguridad social empobrecidos.La narrativa nacional popular que saturó la atmósfera sindical desde el conflicto con los empresarios rurales se eclipsó y en su lugar afloró una retórica en sintonía con los partidos y fuerzas políticas opositoras al kirchnerismo.
Con el agotamiento del ciclo de crecimiento económico vinculado con la caída de los precios de los commodities,las fuentes de financiamiento estatal y su capacidad para intervenir en la captación y distribución de los excedentes se vieron limitados. Entre 2012 y 2015 las demandas del movimiento sindical fueron en términos generales desatendidas y la aceleración inflacionaria impactó negativamente sobre el conjunto de la clase trabajadora.Se registra desde entonces el declive del liderazgo de Hugo Moyano y su repliegue hacia la acción económico-corporativa desde una posición de autonomía respecto del Estado.

Notas

³ La CGT es la mayor central sindical nacional del país. Con alrededor de 4 millones de afiliados (según declaraciones de diferentes dirigentes, ya que no se cuenta con mediciones confiables), agrupa a trabajadores formales del sector público y privado. Ha sido desde la segunda mitad del siglo XX un actor gravitante en la política y la sociedad argentinas.

⁴ El perfil estatal surgido en los años noventa se centró en las funciones de recaudación y seguridad. Mezclado con la crisis de las economías provinciales y la reconversión productiva, agudizó el desempleo y la pobreza (Oszlak, 2003; Álvarez Leguizamón, 2011).

⁵ Cf. Gonzales, 2011; Palomino y Trajtemberg, 2006; Senén González y Del Bono, 2013; Marticorena, 2014; Anigstein, 2013.

⁶ En 2003 se consignó un 49% de asalariados no registrados. Y sus salarios representaban de 45% de los salarios de los registrados. Para 2011, esa proporción se redujo al 37%, pero la mitad de estos tenía ingresos por debajo del salario mínimo (Cortés, 2012).

⁷ Según Piva (2006), en el período 1989-2001 se observa una fragmentación y disminución general de la cantidad de conflictos protagonizados por los trabajadores asalariados y un aumento de la conflictividad ligada a los trabajadores desocupados, hasta alcanzar un pico en 2001.

⁸ Se utilizará el término “coalición sociopolítica” para hacer referencia al entramado de grupos sociales, clases y fracciones de clase que integran un bloque de poder que pugna por la hegemonía, según la conceptualización de Gramsci (2002) en “Algunos temas de la cuestión meridional”. A su vez, introducimos la distinción entre aquella coalición que pugna por el acceso a los cargos públicos, “electoral”, y la que toma decisiones e implementa políticas, “de gobierno” (Corral y Foresti, 2018).

⁹ Estrategia sindical basada en la preservación de los activos organizacionales y el aprovechamiento de nuevas oportunidades de negocios surgidas de los procesos de desregulación y privatización. Distintas investigaciones analizaron este fenómeno. Cf.: Martuccelli y Svampa, 1995; Abal Medina, 2015; Ghigliani y otros, 2012; Gómez, 2009; Anigstein, 2016.

¹⁰ A partir de 2004 aumentó fuertemente la negociación colectiva por rama de actividad. Mientras que el total de convenios y acuerdos firmados entre 1991 y 2002 fue de 2119, el total de convenios y acuerdos acumulados desde 2003 hasta 2010 es superior a 7.000. En lo referente a la cobertura, mientras que en 2002 esta alcanzaba a 2.746.000 trabajadores del sector privado, hacia 2011 alcanzó a 5.116.000, registrando un crecimiento del 86% en ese período (Anigstein, 2013).

¹¹ Debido a la profundidad del desplome en 2002, el crecimiento de los salarios sólo alcanzó para compensar y recién en 2006 se revirtió la caída (Campos y Campos, 2011).

¹² El apoyo de los sindicatos nucleados en la CGT a la suba de retenciones a los productos agrícolas no fue uniforme. Algunos sectores se manifestaron y apoyaron a los productores rurales en sus reclamos. Un caso emblemático fue el del dirigente de los trabajadores rurales y de las 62 Organizaciones peronistas, Gerónimo Venegas.

¹³ Significante que englobaba un conjunto de ideas y creencias en torno a la fertilidad de la tierra y del carácter estéril de la actividad industrial/comercial; valores e imágenes asociadas al tradicionalismo y el nacionalismo; junto a una racionalidad económica despojada que indicaba la supremacía del interés privado por sobre el colectivo/público.

¹⁴ Noción que condensaba ideas, valores e imágenes vinculadas a la matriz sociopolítica nacional popular.

¹⁵ Los empresarios industriales habían aprovechadoel conflicto para condicionar su participación en un “pacto social” convocado desde el gobierno al cumplimiento de sus demandas: un tipo de cambio “competitivo” yuna nueva ley de riesgos del trabajo (Wyczykier y Anigstein, 2015).

¹⁶ Las medidas incluyeronla reducción de las retenciones a la exportación de trigo y maíz, frutas frescas y hortalizas; unplan de obras públicas que ascendió a 33.210 millones de dólares, transferencia automática a las provincias del 30% de los ingresos del gobierno por derechos cobrados por la exportación de soja (destinados a financiar obra pública), mayores controles sobre la demanda de divisas yrestricciones sobre las importaciones en productos de “sectores sensibles de la industria nacional” como textiles, calzados, productos metalúrgicos, línea blanca y motocicletas, entre otros (CEPAL, 2009).
El sector industrial fue uno de los principales destinatarios de las políticas, muchas basadas en el financiamiento al consumo. El sector automotriz (uno de los más afectados por la crisis) fue de los más beneficiados por estas políticas. Pero las medidas adoptadas no evitaron la caída del producto, de la producción manufacturera y de las exportaciones e importaciones. Tampoco el aumento de la subocupación, la desocupación y la reducción del empleo registrado (CIFRA, 2009).

¹⁷ Cf. Wyczykier y Anigstein, 2013.

¹⁸ Siguiendo a Aboy Carles (2005), el fundacionalismo es el establecimiento de abruptas fronteras políticas en el tiempo. Estas fronteras se establecen entre una situación pasada pero aún cercana o amenazante que es demonizada y considerada oprobiosa, y un tiempo posterior venturoso que aparece como la contracara de ese pasado que se pretende dejar atrás. El tiempo específico de la gestión de la frontera es el presente, un presente de esfuerzos debido al reverso negativo de un pasado amenazante. La amenaza de un retroceso hacia el reverso negativo es un mecanismo eficiente para defender el movimiento ante los opositores. Fundacionalismo y hegemonismo son los extremos de la tensión que es procesada a través de pendulares y contradictorias inclusiones y exclusiones reactualizadas. De ahí el rasgo erosivo de las experiencias populistas, que no consiguen conformar una institucionalidad estable debido a su alteridad constitutiva, dando lugar a una constante redefinición del demos legítimo que constituye la comunidad política.

¹⁹ Partido liderado por el empresario Mauricio Macri, actual presidente.

²⁰ El Impuesto a las Ganancias de la cuarta categoría es un gravamen que afecta a los trabajadores asalariados registrados de mayores ingresos. Luego de 2008 se observa un importante retraso en su actualización. A partir de 2011 el reclamo por la modificación del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias y de la revaluación del cobro de este tributo a la cuarta categoría se fue consolidando, aunque no afectara a más del 10% de los trabajadores asalariados formales. La medida de fuerza más contundente se llevó a cabo el 20 de noviembre de 2012. La CGT encolumnada con Hugo Moyano, junto a la CTA Autónoma, realizaron un importante paro con movilización, piquetes y bloqueos a los principales accesos a la ciudad de Buenos Aires y a otros grandes centros urbanos del país. El paro y la movilización motorizados por estas centrales sindicales se reiteraron el 19 de diciembre (Corral y Wyczykier, 2014).

²¹ Hugo Moyano en el Acto en Plaza de Mayo por el paro nacional de Camioneros, 27 de junio de 2012. Fuente: sitio infocamioneros en https://www.youtube.com/watch?v=pB8jRDGHuDI (10/12/2015).

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